El Poder Judicial suspende a Garzón por unanimidad

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad en Pleno extraordinario suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desapariciones del franquismo. El magistrado ha abandonado la Audiencia Nacional visiblemente emocionado y entre aplausos de compañeros y simpatizantes.
El Consejo ha actuado contra Garzón en aplicación del artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, la decisión ha sido adoptada por unanimidad de los 17 vocales y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar. En el Pleno no han participado el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles, quienes se apartaron voluntariamente tras ser recusados por Garzón.
La convocatoria de Pleno extraordinario fue forzada por siete de los vocales de este órgano (Pío Aguirre, Manuel Almenar, Miguel Collado, Antonio Dorado, Claro José Fernández, Gema Gallego y Antonio Montserrat), todos ellos designados a propuesta del PP e integrantes del denominado sector conservador del Consejo.
La suspensión se produce una vez el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha sentado en el banquillo a Garzón, que acumula además otras dos querellas admitidas a trámite en el alto tribunal, por sus cobros de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco de Santander y por intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado esta tarde una reunión de la Comisión Permanente para estudiar si, pese a la suspensión cautelar que se acaba de acordar, se puede conceder a Garzón la situación de servicios especiales para marcharse a La Haya, tal y como había solicitado el magistrado para colaborar con el Tribunal Penal Internacional. Finalmente, la Comisión ha optado por recabar más informes antes de decidir sobre el traslado de Garzón.

Opciones para el futuro

En principio, la situación de servicios especiales es una circunstancia aplicable sólo a jueces y magistrados que se encuentren en servicio. Así, si quisiera incorporarse a la Fiscalía del TPI, debería solicitar una excedencia, una compatibilidad o apartarse definitivamente de la carrera judicial.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha pedido "que se siga respetando su presunción de inocencia del juez porque el proceso no ha terminado", informa Marisa Cruz.
En parecidos términos se ha expresado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ha recordado que la suspensión de Garzón "es una medida cautelar" que sólo afecta a sus funciones, por lo que "sigue siendo inocente".

Fuente: El mundo.es